Panadero que no firme contrato individual no recibirá harina

Advertencia formal. Aquel panificador que no firme con la empresa Insumos Bolivia el contrato individual para la provisión de harina a bajo precio, no recibirá harina importada por el gobierno al precio preferencial de 165 bolivianos por costal de 50 kilogramos.
El Director Ejecutivo de Insumos Bolivia, Óscar Sandy explicó que "los contratos individuales se firman sí o sí, si hay algún sector que no quiera acogerse al beneficio, pues no recibirá la harina".
El 16 de octubre, el Gobierno acordó con los panificadores del país hacerles entrega de la harina a precio preferencial mediante contratos individuales, para garantizar su venta a precio y por eso justo, es decir a 0.40 centavos la unidad de 60 gramos.
Entre lunes y martes la Federación de Panificadores de La Paz declaró paro general de actividades a causa de que el gobierno había comunicado que sólo vendería la harina de procedencia argentina a los productores de pan con la finalidad de que expendan la unidad de 60 gramos a 40 centavos de boliviano.
De esta manera, el gobierno pretende fiscalizar mejor la distribución del producto, a causa de denuncias sobre malos manejos efectuados por algunos dirigentes gremiales, así como ante la detección de irregularidades, como el hallazgo de 980 bolsas de harina descubiertas en 13 hornos de La Paz.
El paro fue convocado por la Federación, bajo el argumento de que el gobierno pretendía la eliminación de los organismos sindicales del sector, aunque la autoridad lo calificó como "un completo fracaso", pues inclusive, el gobierno habilitó 42 puntos de venta en la ciudad de La Paz.
"Hemos cubierto la demanda, posiblemente no en su totalidad, pero hubo tranquilidad en la población, hubo pan de la Federación de Panificadores de El Alto y de las Fuerzas Armadas, el paro fue un completo fracaso".
Entretanto, la ministra de Producción y Microempresa, Susana Rivero, informó que el gobierno abrirá un proceso judicial contra los dirigentes Pedro Yupanqui y Claudio Mamani por la comisión de presuntas irregularidades en la distribución del producto.
Susana Rivero denunció que sobre ambos representantes pesan acusaciones sobre comercialización indebida de la harina subvencionada a 260 ó 265 bolivianos.