José Antonio Cortez Torrez.
En un asentamiento precario a las afueras de El Alto, Rosa Mamani una madre de familia que observa cómo sus tres hijos comparten una sola porción de alimentos, mientras las protestas bloquean las carreteras que abastecen a la ciudad. Su despensa está vacía, su bolsillo apenas alcanza para medio kilo de arroz, y su angustia crece con cada hora que pasa. Rosa no sabe quién lidera las protestas ni entiende las complejidades del enfrentamiento político que paraliza el país. Solo sabe que mientras los poderosos juegan al ajedrez del poder, sus hijos son las piezas descartables.
En Bolivia, los bloqueos han dejado de ser una
herramienta de protesta para convertirse en arma estratégica en la lucha por el
control político. Las elites económicas y sindicales, las cúpulas partidarias
utilizan esta táctica con una frialdad calculada: bloquean carreteras, cierran
mercados y paralizan el flujo de alimentos, mientras intercambian culpas
públicas por los efectos económicos. El gobierno acusa a la oposición de
sabotear la economía; la oposición culpa al gobierno de ineptitud para
garantizar el abastecimiento. Mientras tanto, en los barrios periurbanos de
Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, miles de familias como la de Rosa ven cómo sus
escasos recursos se evaporan.
La cruda realidad de los sectores periurbanos es
invisible en los discursos de los poderosos. Estas comunidades, donde el 60% de
los hogares vive en extrema pobreza según datos del INE, son las más
vulnerables a las interrupciones en la cadena alimentaria. Sus residentes no
tienen ahorros, no acceden a créditos y dependen día a día de los mercados
informales que surten sus barrios. Cuando un bloqueo dura más de 48 horas, el
hambre llama a sus puertas.
Lo más perverso de este escenario es la
narrativa construida por quienes detentan el poder. Los líderes políticos y
económicos se acusan mutuamente de generar la crisis alimentaria, pero ninguno
asume responsabilidad por los efectos colaterales. En sus discursos, los pobres
periurbanos son mencionados como estadísticas abstractas, nunca como seres
humanos con nombres, rostros y derechos básicos vulnerados. Mientras los
poderosos negocian en salones climatizados, las madres de los barrios
marginales caminan kilómetros bajo el sol para encontrar un mercado que no esté
cerrado.
Los datos son contundentes: durante los bloqueos
de 2023 en Bolivia, el precio de la canasta básica en zonas periurbanas aumentó
un 85%, mientras que el ingreso diario promedio de estas familias apenas
alcanza para cubrir el 40% de sus necesidades alimentarias básicas. Los efectos
en salud pública son devastadores: en los últimos tres años, los casos de
desnutrición infantil en asentamientos periurbanos han aumentado un 30%, una
cifra que los sistemas de salud pública no logran contener.
Si se asume una posición dura al accionar
constante de estos bloques de poder se puede asumir también, que el bloqueo
puede ser una estrategia maliciosa de los poderosos, por mantener a las
comunidades pobres en un estado permanente de supervivencia, donde la única
preocupación sea conseguir el próximo plato de comida. Así, estas familias no
tienen energía para organizarse, exigir derechos o cuestionar las dinámicas de
poder que las mantienen en la pobreza. Es un círculo vicioso deliberado:
mientras los ricos luchan por más poder, los pobres luchan por sobrevivir.
Rosa Mamani, como miles de madres en situaciones
similares, no pide mucho: solo quiere que sus hijos coman tres veces al día y
puedan ir a la escuela sin el estómago vacío. Pero mientras los actores
políticos sigan utilizando los bloqueos como moneda de cambio en sus disputas,
su sueño seguirá siendo una utopía. El verdadero costo de estos enfrentamientos
no se mide en pérdidas económicas o puntos de PIB, sino en el llanto de un niño
que no entiende por qué tiene hambre mientras los grandes líderes del país
discuten quién tiene la culpa.
Hasta que no cambiemos esta dinámica, donde los
poderosos externalizan los costos de sus conflictos sobre los más vulnerables,
Bolivia seguirá siendo un país donde la pobreza no es un accidente, sino una
consecuencia deliberada de las decisiones de quienes más tienen. La solución no
está en culparse mutuamente, sino en reconocer que ningún conflicto político
justifica convertir el hambre en arma contra quienes menos defensas tienen.
Mientras esto no ocurra, las sonrisas de los niños en los barrios periurbanos
seguirán siendo la primera víctima colateral de las luchas por el poder.
*Analista Estratégico en Desarrollo.
jact_bo@yahoo.com
