La construcción de la fábrica estatal de papel “Papelbol” en la zona del trópico, ha quedado abandonada por la falta de plazos adecuados para el avance de obras y desembolsos del presupuesto. Esta paralización del proyecto pone en riesgo millones de dólares, según el vicepresidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Jaime Ponce.
Esta obra en abandono está provocando el deterioro de equipos metálicos que fueron transportados hasta el lugar para montar esa fábrica y ahora están expuestos a condiciones atmosféricas no adecuadas por encontrarse al aire libre.
Según el representante de los constructores, éste es tan sólo un ejemplo del mal manejo y la distorsión de los proyectos estratégicos que se respaldan en decretos de excepción y contratos directos, sin un proceso de licitación claro y con un control mínimo de los recursos asignados.
“Todas las obras públicas tienen que estar bajo el paraguas de una sola ley”, sugieren los constructores. La propuesta de llevar adelante una normativa consensuada por parte de la Caboco se ha remitido tanto en el Ministerio de Obras Públicas como en el Ministerio de Hacienda.
Obras públicas
La Cámara de la Construcción sugiere una alianza estratégica con el Estado para que se pueda afrontar con mayor eficiencia los efectos de la crisis internacional. El Gobierno invertirá durante el 2009 en obras públicas 1.800 millones de dólares y el sector observa que los procedimientos que se desarrollan para la licitación y adjudicación de obras no son los adecuados.
Actualmente, el Decreto Supremo 29190 regula el procedimiento de licitación y adjudicación de obras públicas de instituciones como la Prefectura y los municipios. Sin embargo, según el criterio del vicepresidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, Jaime Ponce, las condiciones no son las adecuadas porque no garantiza la calidad de las obras, ni que se cumplan los plazos para la entrega.
Ponce señala que imponer condiciones como: el secreto de los precios en la apertura de una licitación, la adjudicación al precio más barato y la falta de opciones para el reajuste de los precios; impiden un verdadero incentivo productivo y garantizar la ejecución adecuada de las obras.
Intereses políticos
Ponce lamentó que para cada adjudicación en lugar de que se impongan razones técnicas se sobrepongan intereses de tipo político e incluso personales. “Esta normativa no tiene un fundamento técnico y es necesario proponer un proyecto de una nuevo decreto y, por ende, de una nueva ley que respalde al sector productivo y estatal”, aseveró Ponce.
El decreto vigente no es el adecuado, porque da lugar a otras formas de contratación y que le hacen un gran daño a la economía de la construcción. Un ejemplo es el programa Evo Cumple, en cada uno de sus proyectos no existe regulación adecuada de los recursos humanos y técnicos, los trabajos al final son de baja calidad y no hay un debido control de los recursos que se invierten.
Ponce afirmó que las condiciones tienen que cambiar favorablemente, con el fin de elevar esfuerzos de inversión y amortizar los efectos negativos de la crisis mundial.
Esta obra en abandono está provocando el deterioro de equipos metálicos que fueron transportados hasta el lugar para montar esa fábrica y ahora están expuestos a condiciones atmosféricas no adecuadas por encontrarse al aire libre.
Según el representante de los constructores, éste es tan sólo un ejemplo del mal manejo y la distorsión de los proyectos estratégicos que se respaldan en decretos de excepción y contratos directos, sin un proceso de licitación claro y con un control mínimo de los recursos asignados.
“Todas las obras públicas tienen que estar bajo el paraguas de una sola ley”, sugieren los constructores. La propuesta de llevar adelante una normativa consensuada por parte de la Caboco se ha remitido tanto en el Ministerio de Obras Públicas como en el Ministerio de Hacienda.
Obras públicas
La Cámara de la Construcción sugiere una alianza estratégica con el Estado para que se pueda afrontar con mayor eficiencia los efectos de la crisis internacional. El Gobierno invertirá durante el 2009 en obras públicas 1.800 millones de dólares y el sector observa que los procedimientos que se desarrollan para la licitación y adjudicación de obras no son los adecuados.
Actualmente, el Decreto Supremo 29190 regula el procedimiento de licitación y adjudicación de obras públicas de instituciones como la Prefectura y los municipios. Sin embargo, según el criterio del vicepresidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, Jaime Ponce, las condiciones no son las adecuadas porque no garantiza la calidad de las obras, ni que se cumplan los plazos para la entrega.
Ponce señala que imponer condiciones como: el secreto de los precios en la apertura de una licitación, la adjudicación al precio más barato y la falta de opciones para el reajuste de los precios; impiden un verdadero incentivo productivo y garantizar la ejecución adecuada de las obras.
Intereses políticos
Ponce lamentó que para cada adjudicación en lugar de que se impongan razones técnicas se sobrepongan intereses de tipo político e incluso personales. “Esta normativa no tiene un fundamento técnico y es necesario proponer un proyecto de una nuevo decreto y, por ende, de una nueva ley que respalde al sector productivo y estatal”, aseveró Ponce.
El decreto vigente no es el adecuado, porque da lugar a otras formas de contratación y que le hacen un gran daño a la economía de la construcción. Un ejemplo es el programa Evo Cumple, en cada uno de sus proyectos no existe regulación adecuada de los recursos humanos y técnicos, los trabajos al final son de baja calidad y no hay un debido control de los recursos que se invierten.
Ponce afirmó que las condiciones tienen que cambiar favorablemente, con el fin de elevar esfuerzos de inversión y amortizar los efectos negativos de la crisis mundial.
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