(UPIC-Tierra).- Desde el estallido de precios de los alimentos –especialmente de los cereales, lácteos y carnes— en 2007, la gente cambió sus hábitos alimenticios, redujo su ingesta de comida y salió a protestar en unos 40 países. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros organismos internacionales comenzaron a hablar abiertamente de una crisis alimentaria mundial en marzo de 2008. En el debate mundial abierto aparecen dos grupos con visiones distintas sobre tres temas interrelacionados: la tierra, los mercados y la agricultura propiamente dicha.
En Bolivia la polarización es más acentuada. A la derecha se encuentran los agroempresarios y latifundistas que lucran como nunca con el hambre de la gente. A la izquierda, los movimientos sociales y el gobierno de Evo Morales han roto con la política agrícola neoliberal de la OMC, el FMI y el Banco Mundial, y apoyan con todo a los pequeños agricultores que producen la mayor parte de los alimentos.
La tierra
El aumento de precios de productos básicos (commodities) y el nuevo mercado de agrocombustibles ha agravado el problema de la especulación de la tierra y de la apropiación de tierras.
Los agroindustriales y latifundistas bolivianos defienden a bala las plantaciones en gran escala para la exportación, a costa del desplazamiento de campesinos e indígenas. Como se hace en muchas partes del mundo, son partidarios de arrendar o vender tierras fértiles a extranjeros para producir commodities mundiales y abastecer supermercados occidentales.
Los agroindustriales autonomistas proponen mantener el 90% de la tierra cultivable concentrada en 50 o 60 familias, y que más de medio millón de pequeños productores se contenten con el 10% de la tierra.
El gobierno de Evo Morales lleva adelante una reforma agraria que empodera a los pequeños productores para que se alimenten a sí mismos y a sus comunidades, evitando la explosión de barrios marginales en las ciudades.
El Estado aceleró el saneamiento y la redistribución de tierras fiscales en beneficio de pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Saneará en 3 años 14,7 millones de hectáreas, de las cuales 9 millones son propiedad comunitaria.
El mercado
Durante décadas, el Banco Mundial y el FMI impusieron a los países pobres políticas de liberalización del comercio y de ajuste estructural que desmantelaron aranceles y otras herramientas creadas para proteger la producción agrícola local.
En el gobierno de Evo Morales, el Estado recuperó su rol de regulación y control del mercado. El Estado impuso un “precio justo” a los grandes empresarios que quieren cobrar precios “internacionales” en Bolivia, donde la mano de obra es barata, hay subvención de diesel y exención tributaria en el sector rural.
Para atenuar la subida de precios y garantizar el abastecimiento interno, el gobierno prohibió temporalmente las exportaciones de varios tipos de carne, algunos granos como arroz, maíz, trigo, además de fijar una banda de precios para el litro de aceite de entre 10,50 y 12,99 bolivianos (1,43 y 1,76 dólares).
El Estado se convirtió en un actor productivo a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) que prioriza los mercados locales y asiste a pequeños y medianos productores de arroz, trigo, maíz y soya.
La nueva política agraria ha elevado los cultivos de 2,1 millones de hectáreas en 2005 a 2,5 millones de hectáreas en 2008. Con una inversión de 90,3 millones de dólares en la producción, el sector agropecuario creció 2,13% en 2007.
El modelo agrícola
El Estado neoliberal en Bolivia, cuya premisa era exportar o morir, invirtió grandes cantidades de dinero para fortalecer a un solo actor rural, el empresariado agroexportador, olvidándose de pequeños y medianos productores que abastecen el mercado interno.
El gobierno de Morales dejó de promover el agronegocio y los mercados de exportación, y ahora los productores locales y el mercado interno son los puntales del desarrollo. Con el apoyo del Estado, los sistemas agrícolas locales basados en el conocimiento indígena, enfocados en conservar suelos saludables y fértiles, y organizados en torno a una utilización comunitaria de la biodiversidad están ayudando a contener efectivamente la crisis alimentaria.
Comida para los bolivianos y las bolivianas e incentivos para los pequeños y medianos productores de alimentos (en los rubros de carnes, hortalizas e incluso agroindustrial) son las prioridades del Nuevo Modelo de Desarrollo Productivo Rural y de la Nueva Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria del gobierno de Evo Morales.
El plan de los latifundistas y agroindustriales autonomistas es seguir impulsando la exportación, no para evitar una hambruna sino para “aprovechar” la crisis alimentaria y multiplicar sus ganancias.
En Bolivia la polarización es más acentuada. A la derecha se encuentran los agroempresarios y latifundistas que lucran como nunca con el hambre de la gente. A la izquierda, los movimientos sociales y el gobierno de Evo Morales han roto con la política agrícola neoliberal de la OMC, el FMI y el Banco Mundial, y apoyan con todo a los pequeños agricultores que producen la mayor parte de los alimentos.
La tierra
El aumento de precios de productos básicos (commodities) y el nuevo mercado de agrocombustibles ha agravado el problema de la especulación de la tierra y de la apropiación de tierras.
Los agroindustriales y latifundistas bolivianos defienden a bala las plantaciones en gran escala para la exportación, a costa del desplazamiento de campesinos e indígenas. Como se hace en muchas partes del mundo, son partidarios de arrendar o vender tierras fértiles a extranjeros para producir commodities mundiales y abastecer supermercados occidentales.
Los agroindustriales autonomistas proponen mantener el 90% de la tierra cultivable concentrada en 50 o 60 familias, y que más de medio millón de pequeños productores se contenten con el 10% de la tierra.
El gobierno de Evo Morales lleva adelante una reforma agraria que empodera a los pequeños productores para que se alimenten a sí mismos y a sus comunidades, evitando la explosión de barrios marginales en las ciudades.
El Estado aceleró el saneamiento y la redistribución de tierras fiscales en beneficio de pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Saneará en 3 años 14,7 millones de hectáreas, de las cuales 9 millones son propiedad comunitaria.
El mercado
Durante décadas, el Banco Mundial y el FMI impusieron a los países pobres políticas de liberalización del comercio y de ajuste estructural que desmantelaron aranceles y otras herramientas creadas para proteger la producción agrícola local.
En el gobierno de Evo Morales, el Estado recuperó su rol de regulación y control del mercado. El Estado impuso un “precio justo” a los grandes empresarios que quieren cobrar precios “internacionales” en Bolivia, donde la mano de obra es barata, hay subvención de diesel y exención tributaria en el sector rural.
Para atenuar la subida de precios y garantizar el abastecimiento interno, el gobierno prohibió temporalmente las exportaciones de varios tipos de carne, algunos granos como arroz, maíz, trigo, además de fijar una banda de precios para el litro de aceite de entre 10,50 y 12,99 bolivianos (1,43 y 1,76 dólares).
El Estado se convirtió en un actor productivo a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) que prioriza los mercados locales y asiste a pequeños y medianos productores de arroz, trigo, maíz y soya.
La nueva política agraria ha elevado los cultivos de 2,1 millones de hectáreas en 2005 a 2,5 millones de hectáreas en 2008. Con una inversión de 90,3 millones de dólares en la producción, el sector agropecuario creció 2,13% en 2007.
El modelo agrícola
El Estado neoliberal en Bolivia, cuya premisa era exportar o morir, invirtió grandes cantidades de dinero para fortalecer a un solo actor rural, el empresariado agroexportador, olvidándose de pequeños y medianos productores que abastecen el mercado interno.
El gobierno de Morales dejó de promover el agronegocio y los mercados de exportación, y ahora los productores locales y el mercado interno son los puntales del desarrollo. Con el apoyo del Estado, los sistemas agrícolas locales basados en el conocimiento indígena, enfocados en conservar suelos saludables y fértiles, y organizados en torno a una utilización comunitaria de la biodiversidad están ayudando a contener efectivamente la crisis alimentaria.
Comida para los bolivianos y las bolivianas e incentivos para los pequeños y medianos productores de alimentos (en los rubros de carnes, hortalizas e incluso agroindustrial) son las prioridades del Nuevo Modelo de Desarrollo Productivo Rural y de la Nueva Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria del gobierno de Evo Morales.
El plan de los latifundistas y agroindustriales autonomistas es seguir impulsando la exportación, no para evitar una hambruna sino para “aprovechar” la crisis alimentaria y multiplicar sus ganancias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario